Cádiz tiene una larga historia de duras huelgas, especialmente en la industria del metal. Pero el que comenzó ahora hace diez días va camino de batir récords y convertirse en uno de los momentos más largos, uno de los más duros. Porque lejos del agotamiento, con el tiempo la llama Emisión de correo Parece templado por ánimos, dicen los sindicatos, «cálidos» frente a negociaciones estancadas en las que posturas y desencuentros se encuentran entrelazados tras sucesivas reuniones y maratones.
El fin interpretación, celebrada hoy en Cádiz, es una vez más testimonio del importante apoyo no solo de los trabajadores del propio sector -unos 20.000 en toda la provincia de Cádiz- sino también de una parte increíble de la sociedad gaditana. Más de mil personas, muchas de ellas jóvenes estudiantes, han salido a la calle en apoyo de la huelga, un grifo por el que va emergiendo el descontento social por las sucesivas crisis que les ha provocado la pandemia de las esposas.
Con toda esta presión, en la junta de la Consejería de Relaciones Laborales de Andalucía (CARL) en Sevilla, la 27 negociadores Once para UGT, diez para CCOO, tres para Femca y cuatro para CARL, que desde la semana pasada intentan encontrar una salida al conflicto, sin éxito de momento. Entre los de ambos lados hay una barricada lo que los separa y traduce el convenio: por un lado la revisión del IPC y su consolidación en las tablas salariales y, por otro lado, la duración del nuevo convenio que debe suscribirse.
Estos son los principales obstáculos a las negociaciones en las que está interviniendo la Consejera de Empleo de la Junta de Andalucía y esto se refleja en las actas de la última reunión de los negociadores, la que tuvo lugar ayer y duró entre las 6:00 y las 12:15 de hoy.
Actas de las negociaciones
Según estas actas, a las que tuvo acceso EL MUNDO, los sindicatos y la patronal metalúrgica no se ponen de acuerdo, en esencia, sobre si el nuevo convenio durará dos, tres o cuatro años y si la diferencia entre aumentarlos cada año y la inflación real se compensará de una vez o se consolidará en la nómina.
Ahí es donde corren las conversaciones repetidas. Debido a que los sindicatos exigen un acuerdo, un máximo de dos años, se incluye un incremento anual del 2,5% y el 80% de la diferencia con el IPC real.
Tablas de sueldos en cuestión.
En tanto, la patronal, Federación de Empresarios Metalúrgicos de la Provincia de Cádiz (Femca), no contempla un convenio de menos de tres años y si no dura cuatro años acuerda consolidar parte de la diferencia con el IPC real en las tablas salariales.
Emprendedores, autor Diego Sánchez, presidente de Femca, quiere acuerdo largo asegurarse de que no se rompa otra huelga en seis meses o un año, cuando tienen que renegociar. De igual manera, sacaron la «mala» situación que atraviesa el sector luego de una pandemia que afectó a muchos al desmentir las pretensiones del sindicato de la revisión del IPC.
Sobre sector naval: Explica que de los tres astilleros de Cádiz, solo San Fernando, la carga de trabajo está garantizada ahora y por poco tiempo. El de Puerto Real no tiene trabajo y el tercero, reparaciones, depende del «día a día».
Si aceptaran lo que demandan los trabajadores, dice Sánchez, una empresa típica de 120 a 140 trabajadores incurriría en un costo adicional de hasta 800.000 euros por año y reenviarlo, a su vez, a precios del 10%. El resultado, según el presidente de Femca, sería como un suicidio en gran parte del tejido industrial metalúrgico. “Si lo introducimos, nuestra opción restante es el cierre”, argumenta.
Pero esa «mala» situación no es tan grande a los ojos de los sindicatos, que son los que más niegan y aseguran que se sienta la recuperación en el sector, y una mayor carga de trabajo en las industrias. Después de años de crisis en los que nos llamaron “responsables y sacrificados” y la contingencia Está ganando terreno para llegar al 20% de la fuerza laboral de algunas empresas, dice Manuel Triano, de CCOO, que los trabajadores están enojados, enojados y no dispuestos a luchar por un acuerdo laboral que mejore su situación.
Además, José Manuel Rodríguez, de UGT, pronostica que si el conflicto persiste, el vestir físicos, emocionales y económicos (600 euros de media por trabajador) se traducirán en «más desesperación» y la posibilidad de «posiciones radicalizadas».
Sin embargo, Rodríguez, que mañana estará sentado en la mesa de Sercla, es de los que ve el vaso medio lleno y ve posibilidades que ahora se acortan las distancias separadas por ambas partes. «Al menos ahora hablamos el mismo idioma», explica, subrayando que uno de los pagos extraordinarios sobre la mesa ya no es, como al principio, y «se avanza» en la «mejora salarial».
Los empresarios advierten que el tiempo es corto y que el proyecto de ley de esta huelga -que las empresas tomarán para compensar, dice la presidenta de Femca- debe aumentar el riesgo de que las grandes empresas del sector, los llamados tractores en ellas, comiencen terminación de contratos con los ayudantes precisamente por la huelga. La mayoría de los contratos incluyen una cláusula que les permite hacerlo a partir del décimo día del conflicto laboral. «Va a ser un desastre», advierte.
