Ya hay fecha para uno de los juicios más esperados de las macrocausas, que sigue desmoronándose en la sala de lo penal de la Audiencia de Sevilla, que está a la espera de 165 posibles juicios derivados de estos macro procesos. En este caso, se fija la Tercera Parte de la Audiencia Enero de 2024 Comienza el juicio por el escándalo de la factura falsa del sindicato UGT-Aplanteado para su enjuiciamiento en mayo del año pasado.
La Sala Tercera, presidida por el juez Ángel Márquez, ha anunciado el inicio de la sesión de la antigua dirección de UGT-A para la Conferencia. 14 de diciembre de este año, el día previsto para la presentación de las llamadas cuestiones preliminares, y la audiencia oral propiamente dicha comenzará después de Navidad. Específicamente, la primera sesión está nominada para el 15 de enero de 2024 y está previsto que dure hasta el 19 de junio de 2024conforme a un procedimiento ordenado por el abogado de la Administración de Justicia, incluyendo en su totalidad 62 sesiones de prueba durante esos seis meses. El cronograma del juicio, junto con el orden de las declaraciones y las prácticas probatorias sugeridas por las partes, se darán a conocer en los próximos meses.
De este modo, una causa iniciada en 2013 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla de Deville y retrasada por la realización de los complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, es decir No será juzgado hasta 11 años después del inicio de las investigaciones judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla remitió la causa abierta a la Audiencia de Sevilla en mayo del año pasado. el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros 14 acusado de delitos persistentes de fraude de subvenciones y falsificación de documentos comerciales.
La Fiscalía llamó a Anticorrupción siete años de prisión y una multa de 50 millones euro para el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el extesorero Federico Fresneda, secretaria de gestion economica María Charpín Osuna y Consejero Delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL Enrique Emilio Goicoechea Salazarcomo responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño Ha sido encarcelado durante cinco años y multado con 50 millones.
En el caso de los otros diez imputados, proveedores del sindicato, la Fiscalía exige penas de tres años de prisión y doce meses de multa por una tarifa diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía reclama en materia de responsabilidad civil a Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Carpín y Enrique Goicoechea ceden conjuntamente y por separado la Junta por importe de 40.750.047,74 eurosy Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
El 13 de marzo de 2020, el magistrado dictó auto en el que acordó con el apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes autos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las denuncias particulares realizadas por la Junta de Andalucía y el PP-A.
Tanto el Ministerio Público como la acusación particular presentaron sus sumarios de calidad luego de que, el 3 de diciembre de 2019, el instructor acordara mediante auto seguir la causa como procedimiento abreviado y les diera traslado para solicitar que -abriera la formación de un juicio oral-. prueba. la acusación o sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, el ejercicio de la diligencia complementaria necesaria para formular la acusación.
En una orden final, el juez concluyó «Cálculo global de importes fraudulentos» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical para la que se disponga de la información documental requerida” 40.750.047,74 euros”.
El tutor informa, en el período comprendido entre 2009 y 2013, “Se ha confirmado que hay procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores para que, de forma coordinada, dotaran al citado gremio de un medio de financiación para el ejercicio de sus propias actividades”, añadiendo que “el uso de esos instrumentos se ha recibido a través de subvenciones para fines. distinta del destino que decía que debía haber fondos”, por ejemplo “para practicar acciones de formación, para el personal ocupado y desempleado, según los registros de subvenciones públicas concedidas por la Dirección General de Formación del Ministerio de Empleo de la Empresa y el Gaeltacht. Junta de Andalucía”.
Según el juez, “para lograr estos fines de financiación fraudulenta, era necesaria la intervención de empresas que facilitaran, como proveedores, la infraestructura documental y contable que permitiera la adquisición de fondos destinados a la formación, a fin de desviar, con el fin de. para sufragar los gastos de funcionamiento del sindicato.
En síntesis con conclusiones provisionales, el fiscal informa que UGT-A, a la luz de su «posición política, social y económica, como una institución relevante en nuestro sistema político”, se beneficiaría numerosas subvenciones. Un gran grupo de ellas eran subvenciones destinadas a la formación, como uno de los elementos clave de las políticas activas de empleo, «sobre todo en una Comunidad Autónoma como Andalucía, donde el paro es un problema grave», apunta Fernando Soto.
Para llevar a cabo adecuadamente los programas de formación, la Unión ha utilizado recursos propios y ajenos, y en particular los de las entidades. Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y Soralpe I Mas P Asociados Sl Unipersonal -cuyo fin pretendido era crear una estructura de aulas y su gestión, mantenerlas en condiciones técnicas y equipadas para la formación, precisa el fiscal-.
El rappel y el fraude del barco
El Ministerio Público se enfoca en el cargo 14 expedientes de subvenciones otorgados al gremio y los mecanismos fraudulentos incluyen la creación y uso del llamado centro de compras «rápel» y «barco».
Fiscal asegura la creación de las llamadas Centrales de Compras decisión directa del Secretario – General Manuel Pastrana Casado, en fecha incierta en 2006 y continuaba ejerciendo el mismo Francisco Fernández, quien le sucedió en el cargo. Su objetivo inicial era centralizar las relaciones con los proveedores de UGT en Andalucía, a lo que se sumaron los distintos sindicatos provinciales así como empresas y fundaciones afiliadas a UGT.
Acerca de hacer rappel, el fiscal afirma que Federico Fresneda seleccionados por el sindicato de proveedores «sin más criterio que su libre albedrío» y cumplir con la aceptación de las condiciones que se les imponen. Así que negoció con los proveedores del sindicato para hacer rapel, un descuento ante la gran actividad comercial. Estos descuentos han sido pactados como cláusula expresa en todos los contratos u orales.
