el es La parcelación y la construcción irregular en la costa gaditana es una lacra que la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Cádiz pretenden suprimirlo. Muchos ayuntamientos de Cádiz están siendo clausurados debido a la volatilidad de la construcción ilegal. Por ello, parecen necesarias actuaciones similares a las que se están produciendo desde el pasado martes en El Palmar, en el municipio de Vejer. El Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía puso la lupa sobre esta zona especialmente hace años, reflejando la vertiginosa dinámica de las construcciones ilegales en número y tiempo en una zona. casi 500 hectáreas.

El problema no solo afecta a El Palmar, también se extiende a Chiclana, Barbate, Conil, Zahora, Los Caños de Meca. Calcular el número de casas ilegales en la provincia es una tarea hercúlea. Hace unos años, antes de la pandemia, el Ministerio de Fomento calculaba aprox. 45.000 existentes en la Provincia de Cádiz. De ellos, 17.000 estarían en la zona de la Bahía de Cádiz-Jerez; unos 7.000 en La Janda; 5.000 en la Bahía de Algeciras; 6.500 en la Costa Noroeste y alrededor de 14.000 en la Sierra.



Este miércoles, inspectores de la Junta de Andalucía, apoyados por agentes de la Policía Autonómica y del Seprona de la Guardia Civil, continuaron recabando información y pidiendo a los propietarios de estas viviendas ilegales que aportaran documentación y, como mínimo, demostraran que nosotros. que están ante su primera vivienda y están empadronados en Vejer.

En muchos casos estas tierras obtenido para el cultivo del turismocausar daños graves a quienes tengan el control de sus viviendas, en régimen de alquiler en periodo vacacional o como vivienda habitual.

Entre Chiclana son los pueblos más afectados por esta urbanidad salvaje en la costa, cuyo caso es incluso estudiado en la Universidad de Sevilla como ejemplo de caos urbano. El Tribunal Supremo anuló el pasado verano el cuarto Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, una tercera parte de las recomendaciones fueron anuladas en 2009. Cada uno de estos planes cuesta cuatro o cinco millones, según estimaciones de Ecologistas en Acción. En Chiclana, según datos de Fomento, se cree que se han construido hasta 30.000 viviendas fuera del PGOU. Y va a más. De hecho, el caso de Chiclana es extraño porque su borde ya es más grande que la ciudad misma. En 2009 se demolió la primera casa ilegal de Chiclana, pero desde entonces poco más ha caído.

Arkansas Puerto pasa algo parecido. el es El Tribunal Supremo también anuló su Plan General de Ordenación Urbana el pasado mes de junio cuando se encuentra una “falta de integridad” en la planificación, porque se ha sufrido una aprobación dividida y persistente. El Plan era justificar unas 6.000 viviendas (5.100 de las cuales pasaron el filtro), que ahora están en incertidumbre. Los ecologistas calculan casos que no se pueden resolver en espacios protegidos o se sabe que son zonas verdes, por ejemplo, que no caducan en vía administrativa o penal, en Pinar de Coi o Sierra de San Cristóbal… con expedientes abiertos desde hace veinte años . De las 50 denuncias presentadas al respecto en El Puerto, ninguna fue desestimada.

En septiembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó el informe completo de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo correspondiente al año 2020. En él se destacaban varios aspectos de la provincia de Cádiz, incluida la denuncia realizada. en la Fiscalía de Cádiz especialmente impactada sobre la «salida» de los municipios en materia urbanística, la apatía administrativa contrasta con la estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Ministerio de Público ha llegado a calificar de «insatisfactoria» la relación con las administraciones locales, cuando «paradójicamente deberían ser una importante fuente de información en materia urbanística delictiva, sin embargo, poco o nada expresa», dice la citada memoria.

Se recuerda a la Fiscalía que las construcciones irregulares y los fraccionamientos ilegales son los temas más comunes dentro del esquema ambiental general. La Fiscalía de Cádiz habló de «un número importante de construcciones ilegales y parcelaciones masivas en varios puntos de su territorio cometidas por un mismo empresario», cuya identidad no ha sido revelada. Además, estas edificaciones irregulares se construyen “extremadamente rápido, lo que impide tomar medidas cautelares o intentar detenerlas”.

Otra ventaja que no se puede olvidar es las construcciones ilegales realizadas por el entorno del narcotráfico. En este punto, el Ministerio Público destacó que se han abierto procesos separados contra los fraccionamientos por acciones de división y contra los adquirentes para la construcción definitiva.

Mientras tanto, la Junta está poniendo esta semana los numerosos precintos en viviendas de El Palmar. Lo que se busca desde los distintos sectores involucrados es que no se queden ahí y que estas inspecciones continúen en toda la provincia.

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